Las nuevas políticas podrían haber ayudado a reducir las inundaciones, el calor extremo, las cargas financieras y nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles. Los legisladores de Florida tienen que votar con la gente trabajadora de su estado y convertir estos proyectos en ley. Con demasiada frecuencia, las grandes corporaciones utilizan el dinero para influir en los votos de los legisladoresperjudicando a nuestras comunidades y privándonos de oportunidades.
Cada año, las organizaciones de defensa que trabajan para proteger el medio ambiente, la economía y la salud de la comunidad de Florida seleccionan los proyectos de ley incluidos en esta tabla de puntuación. Damos prioridad a los proyectos de ley que minimizan la contaminación que calienta el planeta, abordan los impactos de la crisis climática y garantizan el acceso a agua y electricidad limpias y asequibles. Los legisladores reciben crédito cada vez que votan a favor de un proyecto de ley que beneficia a todos los floridanos, especialmente a los residentes más expuestos a los daños. Esto significa que los legisladores tienen múltiples oportunidades de votar a favor de las personas y no de las empresas.
Esta legislación añadiría argumentos antisolares a la política energética existente, reduciría el crédito que los usuarios de energía solar sobre tejado obtienen por la energía que aportan a su red eléctrica local y permitiría a las compañías eléctricas imponer nuevos cargos y facturas mínimas a los clientes de energía solar. La legislación ofrecería un breve plazo a los clientes de energía solar sobre tejado para recuperar su inversión y crearía una barrera injusta para cualquiera que aún no posea o no pueda permitirse comprar energía solar sobre tejado para su hogar. Este proyecto de ley formaba parte de una ofensiva de las empresas de servicios públicos propiedad de inversores, en particular Florida Power and Light, que pretendían limitar las opciones energéticas justas de sus clientes. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero los floridanos hicieron oír su abrumadora oposición y presionaron al Gobernador para que lo vetara.
Esta legislación iniciaría un estudio de las zonas industriales abandonadas para determinar si son lugares viables para su reutilización como instalaciones de energía solar. Las zonas industriales abandonadas o infrautilizadas son instalaciones comerciales en las que la reutilización es complicada debido a la contaminación ambiental. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en dos comisiones del Senado, pero murió en la Comisión de Presupuestos.
Esta legislación permitiría a las empresas demandar a los gobiernos locales por cualquier ordenanza o carta que cause al menos un 15% de pérdida de ingresos para la empresa. Esto supondría una amenaza para los salarios de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la política sanitaria y fiscal local. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero los floridanos hicieron oír su abrumadora oposición y presionaron para que el Gobernador lo vetara.
Esta legislación inclinaría la balanza en contra de los gobiernos locales en disputas legales sobre temas que el estado controla, con duras sanciones para los gobiernos locales que pierdan los desafíos judiciales. Esto crearía una ventaja injusta para el Estado e intimidaría a los gobiernos locales para que no tomen medidas en cuestiones de justicia climática o medioambiental "preexistentes" sobre las que el Estado reclama autoridad. El proyecto de ley se aprobó en dos comisiones del Senado, pero murió tras ser aplazado en la Cámara.
Esta legislación crearía un grupo de trabajo para emitir recomendaciones para una transición justa a las tecnologías de energía renovable en comunidades minoritarias, desatendidas, rurales y de bajos ingresos. El grupo de trabajo sugeriría formas proactivas para evitar los problemas de ubicación de la energía solar y ofrecería opciones de eficiencia para que los costes de la energía sean más asequibles para las comunidades de bajos ingresos. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en dos comisiones del Senado, pero murió en la Comisión de Asignaciones.
Protecciones contra el calor para trabajadores al aire libre
Esta legislación establecería responsabilidades para los empleadores y las agencias estatales para implementar un programa de seguridad de exposición al calor para los trabajadores al aire libre. Este programa incluiría formación sobre comunicación eficaz, estrategias preventivas y la necesidad de acceso a agua, sombra y descanso durante las horas de trabajo. Esta es la tercera vez que la legislatura de Florida presenta un proyecto de ley de este tipo, pero no lo convierte en ley. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Agricultura del Senado, pero murió en la Comisión de Política Sanitaria.
Las grandes empresas se apoderan de la tierra y el agua
Esta legislación daría a los cultivadores de azúcar más control sobre el agua almacenada en el lago Okeechobee, una fuente vital de agua para las empresas pesqueras que trabajan en la bahía de Florida y para restaurar los Everglades de Florida. La legislación también otorgaría al comisionado de agricultura del estado poderes de compra de tierras para ayudar a sus grandes donantes de la agroindustria mientras perjudica los espacios naturales y desplaza a los actuales propietarios de tierras. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes, pero los floridanos hicieron oír su abrumadora oposición y presionaron al Gobernador para que lo vetara.
Esta legislación borraría todo tipo de ordenanza del gobierno local aprobada para establecer un salario digno para sus trabajadores. Reduciría los salarios de los trabajadores no sindicados, de la ciudad y del condado al mínimo estatal. Eso no es suficiente para hacer frente al aumento del coste de la vivienda, la electricidad y la atención sanitaria en medio de las subidas de precios, los fenómenos meteorológicos extremos y los factores de estrés climático, como las inundaciones crónicas. Los trabajadores merecen un salario justo por su trabajo y unos ingresos suficientes para mantener una calidad de vida saludable. Los gobiernos locales de todo el estado han abordado esta cuestión mediante ordenanzas de salario digno. El proyecto de ley se aprobó en la Comisión de Asuntos Comunitarios del Senado, pero murió en la Comisión de Comercio y Turismo.